Para ampliar el alcance de acceso a la información en materia de justicia electoral a los guanajuatenses, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), firmaron una Declaratoria de Justicia Abierta Electoral.
La declaratoria permitirá avanzar cada vez más a la sociedad para que se garanticen los derechos humanos, además de atender la normatividad aplicable en las distintas etapas de los Procesos Electorales.
Angeles Ducoing Valdepeña, comisionada presidenta del IACIP, fue quien encabezó la firma de la Declaratoria, mientras que del TEEG, asistieron la magistrada Presidenta Yari Zapata López, la magistrada de la Primer Ponencia María Dolores López Loza y el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía.
“Esta firma representa un compromiso que se basa en cuatro principios: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación social y tecnológica”, comentó la comisionada presidenta del IACIP.
Agregó que la justicia es una oportunidad para encontrar soluciones innovadoras que atiendan los retos más importantes, por lo que la firma cumple con las atribuciones que para los órganos garantes establece la Ley General de Transparencia, que consiste en coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Se busca fortalecer la relación de confianza a través de la participación ciudadana. Esto implica dejar de lado el nivel informativo y se pasará a trabajos de co-diseño y co- creación de estrategias y políticas públicas en la materia.
Las estrategias y políticas públicas en materia de impartición de justicia electoral, se podrán diseñar como base en un esquema de apertura y con pleno respeto a los principios constitucionales que rigen la impartición de justicia.
Además, se podrán alinear los ejercicios de Justicia Abierta Electoral a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, a la construcción de instituciones responsables y eficaces para con ello y promover una sociedad más justa.
