Diputadas del Congreso de Guanajuato aprobaron el informe que busca exhortar a la Comisión Estatal de Búsqueda a aumentar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la localización e identificación de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

El exhorto solicita implementar medidas de prevención, particularmente en los municipios donde se focaliza su desaparición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.

En el llamado se incluye a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que, en función de lo que enuncian tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, establezca los mecanismos de coordinación pertinentes para brindar la atención especializada necesaria.

De igual manera se agregó a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos para que diseñe y ejecute programas de prevención sobre desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes; que ante quejas o denuncias en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter estatal o municipal, se conozca e investigue, a petición de parte o de oficio y que en su caso, se emitan las recomendaciones correspondientes de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.

La diputada Katya Cristina Soto Escamilla explicó que los casos de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en México tiene un impacto diferenciado en el género femenino, ya que 1 de cada 4 personas desaparecidas es mujer.

“La tendencia a la alza en el número de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en México se comenzó a presentar desde el 2001, cuando se registraron 16 casos; para el año siguiente dicha cifra se duplicó con 36. Para el 2007, los datos de mujeres desaparecidas, en sólo ese año, llegaron a 202. Ya para el 2011, las desapariciones de mujeres y niñas superaron los 1,000 casos al ubicarse en un total de 1,101”, mencionó.

Agregó que lo que se observaba era que debido a las desigualdades de género en muchos contextos, las mujeres experimentaban repercusiones económicas, legales, sociales y psicológicas como resultado de la desaparición de una o un integrante de su familia y, a la vez, desempeñan roles particulares para su búsqueda y localización.