La aprobación de la iniciativa para dar prisión preventiva a quienes comentan el delito de extorsión en Guanajuato, dividió a los diputados locales. Con el voto del PAN se decidió enviarla al Congreso de la Unión.

La propuesta tiene como objetivo incluir en el catálogo de delitos graves a la extorsión, para que se imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para combatir ese delito, procurando de esa forma, brindar una mayor confianza a la ciudadanía sobre la punibilidad de ese delito y su castigo a los responsables.

Sin embargo los grupos parlamentarios del PRI, Verde, Morena y Movimiento Ciudadano votaron en contra la propuesta del PAN, al coincidir que deben de tomarse otras medidas.

La diputada del PRI, Yulma Rocha comentó que el aumento de violencia en el Estado ha traído nuevas formas de delinquir o esos delitos son más severos o drásticas sobre las personas.

“La extorsión es un delito que ha evolucionado con nuevas formas de operación (…) es un delito que se ha vuelto en una fuente importante de la delincuencia organizada, antes dirigidas a personas con poder adquisitivo y hoy ya no hacen diferencia”.

No hay argumentos jurídicos viables para imponer este tipo de medidas cautelares y dijo que es un mito que la prisión preventiva sirva para que los delincuentes peligrosos sigan libres.

Con la propuesta se asegura que se mejorará la coordinación y colaboración entre instituciones y entidades federativas para disminuir una problemática que afecta profundamente a la sociedad de todo el país.

En su intervención para hablar a favor, la diputada Susana Bermúdez Cano dijo que la delincuencia ha encontrado en el territorio nacional, oportunidades de lucro ilícito, utilizando diversos canales y rutas, como la extorsión, lo cual la delincuencia organizada ha aprovechado.

Afirmó que las consecuencias de dicho delito sobre la persona trascienden el campo puramente físico para ingresar en las esferas de la subjetividad humana, afectando la psique.

El diputado Gerardo Fernández González dijo que la propuesta no es viable para solucionar los grandes problemas de seguridad que padece el estado y desde la ingenuidad se busca resolver uno de los grandes problemas que tiene el estado.

Recordó las opiniones vertidas en la mesa de trabajo de la Comisión que realizaron el Poder Judicial del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado.

La primera instancia, dijo que “la prisión preventiva era la medida cautelar más severa que se puede aplicar a un inculpado y debía de ser de carácter excepcional, basándose en el respeto de los derechos fundamentales, haciendo posible que la regla sea libertad del procesado y no su detención”.

Mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado comentó que el seguir ampliando el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa es violatoria de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente y, por ello, no debía ser extendida, explicó el legislador.