El rector de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, junto con maestros y estudiantes encabezó el ingresar sin autorización, a las oficinas del periódico El Correo para exigir el derecho de réplica por una nota de portada publicada.

La máxima casa de estudio UG hizo una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook desde el momento que llegaron a las instalaciones de El Correo.

En el video se puede ver que está cerrado el acceso principal, incluso que le solicitan al guardia de seguridad ingresar, pero este les informa que ya no hay gente. En ese momento sale una persona y al abrir el portón, ingresa el director de Comunicación Rodrigo Nájera quien le pide al conductor informe que están presentes.

El empleado de El Correo le responde que no sabe. Entonces Nájera hace señas con el brazo y le pide entrar a todas las personas presentes incluyendo el Rector, pese a que no se les autorizó el acceso.

Luis Felipe Guerrero afirmó que El Correo ha publicado notas donde difunde datos inexactos que “afectan el prestigio de la Universidad de Guanajuato”.

En la transmisión de 53 minutos al menos 43 minutos estuvieron al interior de las instalaciones del periódico, pidiendo a los trabajadores presentes hablar con la directora Clara Puente quien no se encontraba en ese momento.

El periódico el Correo ya interpuso una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos e integrantes del Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitaron una sesión extraordinaria para analizar las acciones realizadas por los directivos de la UG.

En su página web, El Correo señala que los directivos ingresaron sin permiso cuando el guardia abrió el portón para que un trabajador saliera del inmueble.

“Así, el rector de la UG y la gente que acarreó cometieron el delito de allanamiento”, acusó y menciona que el artículo 178 del Código Penal marca que “a quien se introduzca o permanezca sin permiso de una persona autorizada en el domicilio de una persona jurídica colectiva, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura, se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa. Este delito se perseguirá por querella”.