Los diputados que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobaron la modificación a la metodología de análisis de la iniciativa de reforma de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, que busca ampliar las facultades de la Procuraduría, a fin de que puedan actuar en poderes privados o sociales y no solo en las instancias públicas.

La propuesta establece una reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de hacer obligatorias las recomendaciones emitidas por la Procuraduría, para instancias privadas, sociales, pero también para la Fiscalía General del Estado, las instituciones municipales y estatales de seguridad pública.

Los diputados acordaron que al grupo de trabajo se integren un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y un representante del Instituto de Investigaciones Legislativas; así como que se les remita el documento de trabajo por parte de la Secretaría Técnica.

Para analizar la propuesta se remitirá a los diputados de la Legislatura y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quienes contarán con un plazo de 20 días hábiles para remitir sus comentarios y observaciones; se elaborará un documento que concentre las observaciones y se integrará un grupo de trabajo.

También los diputados realizaron un dictamen de punto de acuerdo a fin de que se mejoren las acciones de inclusión en los 46 ayuntamientos de Guanajuato, para la contratación de personas con discapacidad y para generar entornos, servicios y trámites accesibles.

Lo anterior corresponde a la iniciativa para modificar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato que busca regular la consulta a personas con discapacidad, cuando se prevean medidas legislativas que sean susceptibles de afectarles directamente.

Para ambas propuestas se habilitará una liga en el portal del Congreso para consulta y participación ciudadana y se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión, y se contará con el mismo plazo.