Periodistas de varios medios de comunicación en Guanajuato, exigieron justicia para la familia de Enrique «N», camarógrafo jubilado de TV4, el cual presuntamente fue atropellado de forma intencional mientras laboraba en un restaurante en León, con el cual perdió la vida.

A través de una carta dirigida al fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, los periodistas indicaron que estaban de luto, tristes e indignados por la tragedia que le arrebató la vida a un ex compañero del gremio, por lo que exigieron justicia por parte de la instancia procuradora de justicia.

«Enrique Sosa siempre fue un profesional de la comunicación, que dedicó gran parte de su vida a informar a la población a través de su lente. Lamentablemente el dueño de las botas Safari, Miguel Ángel García, lo asesinó de la manera más cobarde y ruín», expresó la carta.

También indicaron que la noche del martes 19 de julio, Enrique tuvo una discusión con Miguel Ángel García, quien se negaba a pagar el boleto del estacionamiento. A bordo de su camioneta, el empresario atropelló y pasó varias veces por el cuerpo de Enrique.

Lo anterior se pudo observar en un video captado por varias cámaras de seguridad del restaurante en el que laboraba Enrique «N», en él se observa lo ya mencionado, pero también la clara imagen de la persona que efectuó el hecho y cómo hace la finta de que se retira del lugar, pero en instantes regresa para atropellar al camarógrafo jubilado.

Avanza investigación del homicidio de Enrique Sosa

A los minutos de que la carta de los periodistas fue publicada en las redes sociales, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que informó que la investigación del caso está avanzando.

La FGE informó que desde el comienzo de la investigación se activó el modelo multidisciplinario para el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que se han realizado dictámenes periciales, análisis de información y de videos recabados, entrevistas con testigos, entre otros procesos de esclarecimiento.

De igual manera se cuentan con pesquisas «que fortalecen la teoría del caso y dan formal certeza sobre la mecánica de los hechos, conforme al estándar y reglas que rigen en materia penal, a fin de otorgar la consecución legalmente procedente por parte de la autoridad ministerial».