Empresarios podrían ser acreedores a una multa de hasta 2 millones de pesos en caso de realizar lavado de dinero, al no cumplir con el registro de beneficiarios controladores comentó Antonio Barragán, asesor financiero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Las sanciones se establecieron en el Código Fiscal de la Federación, con dos nuevos artículos al Código Tributario denominados 84-M y 84-N, que prevén los supuestos de infracciones y sanciones en materia de beneficiario contralor, el cual aplica a todas las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, tendrán que registrar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Las multas que establece el Código Fiscal de la Federación para todas las empresas micro, para las medianas, para las grandes, es decir de todos los tamaños, de todos los sectores, en caso de incumplir con estas nuevas obligaciones relacionadas con la figura del beneficiario controlador, al que incumpla pueden venir multas de entre 1 millón y medio de pesos a 2 millones de pesos por cada expediente que no tengamos”, dijo.

Los artículos señalan que de no obtener, no conservar o no presentar la información de los beneficiarios controladores, la sanción irá de 1 millón 500 mil pesos a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

El no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores la multa va de los 800 mil a 1 millón de pesos por cada beneficiarios controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

Presentar la información de los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta con errores o en forma indistinta a lo señalado en las disposiciones aplicables, con multa de 500 mil a 800 mil pesos por cada beneficiario.

El beneficiario controlador es una figura que a nivel internacional se ha propuesto regular dado que es parte de una tipología, una técnica que utiliza el crimen organizado o quienes pretenden lavar dinero, al tener recursos procedentes de alguna actividad ilícita, por lo que la nueva Reforma busca regular quién es la persona física que está detrás de las personas morales, que son quienes aportan recursos a las personas morales para conformar su capital moral.