En sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, se aprobó por mayoría la presentación de una controversia constitucional en contra del decreto que reforma la Ley General de Comunicación social.
La propuesta está dirigida a la modificación de la Ley General de Comunicación Social, que establece una inversión acotada del 0.1% del presupuesto anual de egresos y fue propuesta por el coordinador del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres.
El PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido Verde la votaron a favor, el voto en contra fue del grupo parlamentario de MORENA, luego de un debate de más de una hora.
El punto acuerdo de obvia resolución establece que será presentada una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque la reforma a la Ley de Comunicación Social -publicada el 27 de diciembre del 2022- viola el sistema federalista e invade la facultad del Congreso de Guanajuato de legislar en todos los ramos del régimen interior del Estado.
El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, secretario de la mesa directiva, dio lectura a las consideraciones del documento y refirió que una controversia constitucional se definía como el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados.
Señaló que el Congreso local es el competente para aprobar en qué términos debe de ejercerse el recurso, disposición que en Guanajuato ha sido acatada respetando siempre los principios constitucionales que rigen el gasto público.
“Es claro y evidente que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia presupuestal tratándose de las entidades federativas. La redacción de la reforma que se propone combatir no solo está al margen de nuestra Constitución al asumir funciones que no se le confieren, sino que además viola la Constitución al desatender preceptos claramente señalados”, indicó el diputado Armando Rangel del PAN.
El coordinador de MORENA, Ernesto Millán Soberanes dijo que lo único que se pretende es defender el despilfarro del presupuesto público en comunicación social y publicidad, que con la reforma equivaldrían a 113.8 millones de pesos, es decir 310 mil pesos diarios. ya que los gastos en esa materia no son prioritarios.
Por ejemplo el estado de Guanajuato tiene un presupuesto de egresos anual que oscila en los 48 mil millones pesos, y con esta solo podría gastar 48 millones de pesos en publicidad.
