Diputados aprobaron el dictamen para exhortar al Gobierno Municipal de León, que busca que la Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana (SSPPC), cumpla con las recomendaciones que ha emitido en diversas ocasiones la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Durante la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se indicó que el exhorto solicita al Gobierno Municipal, remita al Congreso de Guanajuato un informe integral en las acciones correctivas y preventivas que se implementan para garantizar la integridad, libertades y derechos de los ciudadanos por parte de la instancia de seguridad.
Los diputados señalaron que en varios casos la PRODHEG ha realizado recomendaciones para el municipio de León, debido a que los elementos de seguridad han realizado acciones que afectan los derechos de las personas, como lo fue el caso de Dulce Melissa, la niña de 12 años de edad que fue detenida por elementos de policía el 16 de octubre del 2021, por supuestamente ir con otra menor que portaba un cuchillo.
La niña fue liberada por las autoridades por haber cumplido el plazo de arresto, sin ser notificada la madre de la menor; después de ello Dulce Melissa desapareció y la información proporcionada a la PRODHEG no ha sido completa sobre los hechos.
Por lo anterior, la diputada Janet Melanie Murillo, comentó que se llevarán a cabo varias mesas de trabajo para evaluar la metodología del exhorto, por lo que se acordó llevar a cabo, el 5 de octubre una reunión para la exposición de la misma, para la consulta a niñas, niños y adolescentes elaborada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
También se realizará una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.
La primera, a fin de establecer como atribución de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), en coordinación con los municipios y el Estado, el diseño, elaboración, difusión y promoción de protocolos de detención y aseguramiento de personas, y el uso de la fuerza policial.
La segunda, con el objetivo de hacer obligatorias las recomendaciones emitidas por Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado para la Fiscalía General del Estado y las instituciones municipales y estatal de seguridad pública.
