A casi un año de que 5 trabajadores del Sistema de Agua Potable de León (Sapal) murieron intoxicados en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuale, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) resolvió que hubo violación de los derechos laborales a las víctimas.
“Está probado que la autoridad incumplió su deber de garantizar condiciones para un trabajo digno al no acreditar el cumplimiento de las disposiciones para su ingreso (competencia), no brindar capacitación, no otorgar el equipamiento personal de protección, y no acreditar el cumplimiento del “Programa específico de mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo y registro de ejecución”, violentando con ello los derechos humanos laborales de las personas fallecidas”.
Según se indica en la recomendación 24/21-A-II, ante la denuncia interpuesta por las esposas de dos de los cinco trabajadores.
Así quedó resuelto el pasado 29 de octubre, las recomendaciones ya fueron dirigidas al presidente del Consejo Directivo de SAPAL, Jorge Hernández Ramírez; y a la encargada de despacho de la Contraloría Municipal, Viridiana Margarita Márquez Moreno; el organismo tiene cinco días hábiles para responder la aceptación de dicha recomendación y 15 para acreditar su cumplimiento.
PRODHEG acreditó que SAPAL no preparó ni ofreció “capacitación previa” para el desarrollo que desempeñarían los trabajadores; tampoco se garantizaron las condiciones adecuadas en el trabajo, ni se les proporcionó el equipo necesario para ello, tal como señala el contrato colectivo de trabajo.
Por lo que se recomienda a lSAPAL , implementar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos laborales, como los señalados y acreditados en esta resolución.
Y se recomienda a la Contraloría Municipal iniciar un procedimiento administrativo y dar celeridad al mismo en contra del licenciado Juan Jesús Estrada González, director de Asesorías e Investigaciones y de cualquier otra persona que resulte responsable; por las omisiones en la investigación y dilación en el procedimiento administrativo.
13 de noviembre de 2020
Cinco trabajadores cubrían su turno en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuales de SAPAL, donde se habría generado una fuga de ácido sulfhídrico, lo que provocó su muerte.
Las víctimas fueron Juan Antonio Méndez Rivera, José Salvador Afanador Martínez, Víctor Ricardo Briseño Rangel, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.
