Por mayoría el Congreso del Estado exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE), revisar y anular las candidaturas de los aspirantes entre ellos a Magistrados que no cumplan a cabalidad con los requisitos, como gozar de buena reputación, honestidad y buena fama.

El punto de acuerdo propuesto por el PAN y PRD, fue presentado por la diputada Susana Bermúdez Cano, fue votado en contra por MORENA y el Partido Verde; sin mencionar el nombre va dirigido para el aspirante a magistrado por el Décimo Sexto Circuito, el ex asesor de Morena, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo quien estuvo sujeto a proceso penal por el delito de fraude por 236 mil 850 pesos.

El delito fue en agravio del Congreso de Guanajuato y fue cometido cuando era asesor de Morena en el periodo 2015 -2018, del único diputado Alejandro Landeros, quien a través de facturas falsas, firmas falsificadas y además de la creación de empresas fantasma, se aprovecharon para obtener recursos públicos.

«Mediante un esquema de corrupción, registrando ilegalmente a excompañeros universitarios en el SAT para emitir facturas falsas y saquear dinero del Congreso del Estado. Cabe señalar que derivado de ello, como un acto desesperado, ofreció 50 mil pesos al
Congreso local para tratar de silenciar su caso y librarse de la justicia, intento que fue rechazado tajantemente por esta institución», se detalla en el punto de acuerdo.

Bermúdez Cano quien detalló que un particular, solicitó información al Poder Legislativo del Estado, vía acceso a la información pública, sobre una de las personas candidatas al cargo de magistrado para el Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato

Señaló que es preciso realizar el exhorto al INE para que, en el contexto de sus atribuciones, brinde a la ciudadanía la certeza de que quienes participan cumplen con los requisitos constitucionales para dichos cargos.

“Debemos tener en cuenta que las autoridades encargadas de la organización y desarrollo en este proceso electoral que transformará al Poder Judicial como lo conocemos ahora tienen el deber de garantizar que, durante las etapas del proceso electoral, inspiren confianza para lograr su legitimidad”, indicó.

“Como representantes populares no pueden permitir que personas sin las calidades mínimas sean los responsables de impartir justicia en Guanajuato, pues esto sería en detrimento de la prestación del servicio público de impartición de justicia y en perjuicio directo de los justiciables”, finalizó.