Un mujer de 26 años apodada «La Patrona» presunta líder de una célula criminal en Cortazar fue detenida y vinculada a proceso, junto con sus dos cómplices el por el homicidio de un hombre, ordenó ejecutarlo por la deuda que tenía en la compra de enervantes.

Isis Fernanda “N”, alias “La Patrona”; Esteban “N”, alias “La Perilla” y Edgar Dario “N”, buscaron a su víctima, la tarde del día 18, sábado, en su domicilio de la calle Nicolás Bravo, en la zona centro de Cortazar, a través de una llamada telefónica lo hicieron salir de su casa.

El ofendido Pedro “N”, alias “El Piter”, salió de su domicilio acompañado de otro masculino y se encontró en la calle con “La Patrona”, quien le exigió el pago de una cantidad de dinero asociada a la compra de enervantes.

Ante la negativa de pago, “La Patrona” de 26 años,  llamó a sus secuaces ESTEBAN “N”, alias “La Perilla” y EDGAR DARÍO “N”, quienes arribaron al lugar en una motocicleta.

“La Perilla” se acercó a la mujer, quien le ordenó matar a “El Piter”; el sujeto le disparó en diversas ocasiones a Pedro, lo que le ocasionó la muerte.

Al recibir la noticia criminal, agentes de investigación y peritos acudieron a la calle Nicolás Bravo y localizaron al masculino sin vida, a un costado de la banqueta, en posición decúbito ventral. El lugar se preservó y se analizaron manchas de sangre encontradas en el lugar, mientras se embalaron para su análisis, una pipa y otros indicios.

El cadáver fue identificado como Pedro “N”, un joven de 22 años, originario de Apaseo el Alto y vecino de hace algunos años en este municipio.

Los agresores, ESTEBAN “N”, “La Perrilla”, de 23 años; EDGAR DARÍO “N”, de 27 años e ISIS FERNANDA “N”, de 26 años, “La Patrona”, todos integrantes de un grupo delictivo, fueron plenamente identificados y detenidos bajo cargos de homicidio calificado.

En audiencia de vinculación, el Ministerio Público acreditó fehacientemente su probable intervención en el hecho que la ley establece como delito de homicidio calificado y un Juez de Garantías ordenó su arresto como medida cautelar, mientras la Fiscalía General del Estado amplía las investigaciones en su contra, en tanto transcurre el plazo de tres meses establecido para llevarlos a audiencia de juicio oral.